La República Dominicana y los derechos sobre sus aguas territoriales

Pedro J. Atiles Nin
Miembro de la Liga Naval Dominicana.

Pláceme dirigirme a todos los aquí presentes en este importante cónclave internacional que se celebra hoy en Rio de Janeiro, para llevarle a ustedes la importancia que reviste este tema escogido por la directiva de la Liga Naval Dominicana; no tan sólo por su carácter sui generis que le merece, sino también por los aspectos y fundamentos a tratar. Y es que en efecto, existe una estrecha ligazón con disciplinas tales como el Derecho Internacional Público y Privado, y el propio Derecho Comercial que se asimilan dentro de un mismo derecho, mejor conocido como el "Derecho del Mar", aplicado en cada uno de los Estados ribereños.

Veamos pues, que señala la Constitución dominicana de 1966, en su artículo 5°, párrafo 3° cuando establece lo siguiente: "son parte del territorio nacional, el mar territorial, el suelo y subsuelo submarinos correspondientes, así como el espacio aéreo sobre ellos comprendido. La extensión del mar territorial, del espacio aéreo, y de la zona contigua y su defensa, lo mismo que las del suelo y subsuelo submarinos y que su aprovechamiento serán establecidos y regulados por ley".

Cabe, entonces, preguntarse ¿Cuál sería la situación jurídica de los espacios marítimos dominicanos frente al mar Caribe? Que quizás muchos de ustedes desconocen sobre todo a la hora de arribar a cualquier acuerdo bilateral sea éste con nosotros o con terceros estados ribereños.

Es por ello, que es propicia la ocasión, para hacer un breve resumen del marco legal que ha regido a través de la historia de la delimitación de nuestro mar territorial, de la manera siguiente:

Originalmente nuestra delimitación de mar territorial había sido fijada en tres (3) millas marinas por disposición de la Ley 3342 del 13 de julio de 1952. Luego al promulgarse la Ley 186 del 13 de septiembre de 1967 se establecieron las seis (6) millas marinas, creando así, una zona suplementaria contigua al mar territorial de 6 millas de ancho, en el cual el Estado ejercía poderes de jurisdicción y control necesarios para prevenir infracciones contra sus leyes de sanidad, de pesca, de fisco, de migración, de aduanas, y de protección a las especies marinas y demás recursos naturales.

Posteriormente a esto, la Ley 573 del 22 de marzo de 1977, se encargó de modificar los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 186 antes indicada. Sin embargó, olvidó establecer las doce (12) millas marinas como extensión de mar territorial, a pesar de haber extendido el límite exterior de la zona contigua en 24 millas. Todo parece indicar que hubo un error de parte de nuestros legisladores, ya que se omitió especificar que las primeras 12 millas de esta zona deberían corresponder al mar territorial, sobre las cuales el país ejerce sus derechos soberanos.

En este orden de ideas, vemos que - el considerando primero - de la referida ley 573 estipula que por medio de la misma el "Estado dominicano busca ponerse al día en cuanto a Derecho Marítimo se refiere, en relación con la tendencia internacional, de aumentar los límites de sus aguas jurisdiccionales, y estar acorde con los trabajos que viene realizando la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

En tanto, - el considerando tercero - pone de manifiesto la necesidad del Estado dominicano en la actualización de la legislación vigente frente al avance alcanzado por la ciencia y la tecnología en esta materia, propiciando el ejercicio pleno y efectivo del Estado ribereño y del derecho que le corresponde, frente al deber de preservar tan valiosos recursos para su aprovechamiento por las presentes y futuras generaciones.

Vale decir que esta ley (573) estuvo muy influenciada por la declaración de Santo Domingo del 9 de julio de 1972, celebrada en la República Dominicana donde se dieron cita más de 15 países de la región del Caribe y Latinoamérica, a saber: Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela y la República Dominicana, asimismo, en calidad de observadores asistieron: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay; así como también algunas organizaciones internacionales tales como: la ONU, la OEA y la FAO, para estudiar los problemas principales del Derecho del Mar, particularmente la extensión del mar territorial.

Y aunque también se ratificó la Convención de Ginebra de 1958 del 11 de agosto de 1964, sobre la plataforma continental, que propone los criterios de profundidad y explotabilidad para la delimitación, nuestro país acoge los criterios, que hoy día están contemplados en la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar (UNCLOS). (Ver Ley 4550 del 13 de octubre de 1956, sobre Minería, que regula lo pertinente a esta materia y compárela con el art. 76 de UNCLOS y sus criterios).

Además todas las disposiciones jurídicas de los países caribeños y latinoamericanos concernientes a la plataforma continental del mar Caribe tienen un carácter unilateral, contenidas en todos los textos de legislación interna, tales como constituciones, leyes ordinarias, decretos o actos administrativos. Del mismo modo, que las declaraciones unilaterales forman por igual un derecho positivo en vigor en la región del Caribe.

Recordemos que el Tratado de Paria, concluido en 1942 entre Venezuela y el Reino Unido (con relación a Trinidad y Tobago), fue el primer texto internacional aportado sobre la plataforma continental; aunque posteriormente, la proclamación del Presidente de los Estados Unidos Harry Truman, en 1945, fue el verdadero punto de partida y de referencia de las declaraciones unilaterales. Sin embargo, en casi todas ha imperado un marcado interés económico sobre el mar.

Por estas razones, sería preferible adherirse a los lineamientos establecidos en la Convención relativa al Derecho del Mar de 1982, que en su art.76 establece que: ³La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia...²; y no a los criterios que adopta la Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental, en su artículo 1, por considerarse inadecuados para señalar el límite que separa la jurisdicción nacional de la internacional; además su carácter inflexible, justifica el hecho de que pocos Estados latinoamericanos la hayan ratificado. Recuerden ustedes, que en los años ¹60 muchas colonias situadas en el Caribe obtienen su independencia. Por tanto, estos países no estuvieron representados en la Convención de Ginebra de 1958, ya que sus metrópolis participaban por ellos, de manera que no podían estar satisfechos con dicha convención.

Y retomando nuevamente el art.76 de la Convención de UNCLOS (1982) podemos identificar dos problemas independientes en cuanto a estos aspectos técnicos. El primer problema se presenta en el caso de que un Estado pueda aplicar diferentes criterios para distintas zonas de su plataforma continental, siguiendo la arternativa más conveniente en cada caso; por ejemplo, aplicando la norma de las 350 millas marinas en una zona y la norma de las 100 millas marinas desde la isobata de 2.500 metros en la siguiente. Nada impide esta interpretación en la actual redacción de la Convención. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que ha intentado seguir este criterio.


Ahora pasemos a ver algunas gráficas de los dos acuerdos bilaterales firmados y ratificados por la República Dominicana con Colombia y Venezuela. Luego pasaremos a ver el Proyecto de delimitación de mar territorial de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con las islas Turcas y Caicos.

En esta región se encuentra el Banco de la Plata, lugar en donde está ubicado ³el Santuario de Ballenas Jorobadas del Banco de la Plata². Es un área protegida por la República Dominicana manejada por primera vez por un organismo multi-institucional, denominado Comisión Rectora y está integrado por un conjunto de instituciones oficiales, privadas, académicas y con representantes de comunidades relacionadas a la conservación de los mamíferos marinos. Fue creada mediante el Decreto N° 319 de fecha 14 de octubre de 1986 junto a la Declaración del Banco de la Plata como Santuario de Mamíferos Marinos. Históricamente el Banco de la Plata ha pertenecido a la República Dominicana y los ingleses siempre lo han considerado como tal, a pesar de que en algunos libros y revistas inglesas aparece como propiedad de las islas Turcas y Caicos.

Este Decreto recalca el deber del Estado Dominicano de conservar, proteger y administrar los recursos renovables de la nación. De la misma manera, toma en consideración que el Banco de la Plata, el cual se encuentra en la ZEE de la República Dominicana. Es un habitat único y crítico para las poblaciones de las ballenas jorobadas durante su período de reproducción y cría, más aún el hecho de que esta especie está en peligro de extinción. Finalmente dentro de las motivaciones del decreto está el reconocimiento del Estado Dominicano de que las ballenas jorobadas y los demás mamíferos marinos (delfines, focas, otras ballenas, etc.) que se encuentren en nuestras zonas forman parte del patrimonio natural dominicano.

Asimismo establece que el Santuario de Ballenas Jorobadas queda ubicado en el Banco de la Plata en la costa norte de la República Dominicana a unos 140 km de Puerto Plata y sus límites se encuentran en el cuadrante geográfico 20° 12¹ 20¹¹ Latitud Norte, 69° 21¹ 70¹¹ Longitud Oeste. El Santuario incluye las aguas del fondo del océano y el espacio dentro de los límites anteriores ya mencionados, con una extensión aproximada de 3.740 kilómetros cuadrados.

Este Decreto prohibe la matanza, captura o lesión de todos los mamíferos marinos. Así como también la descarga o depósito de materiales contaminantes explosivos o eléctricos, al igual que su uso para la pesca. En este mismo orden prohibe el dragado, perforación y cualquier otra forma de alteración del fondo del mar, o contsrucción de alguna estructura diferente a las auxiliares de navegación, a menos que tenga permiso correspondiente de la Comisión Rectora.

Actualmente estamos en una situación especial frente al Santuario, porque todas las naciones del mundo están concentradas en su amor a la naturaleza. La República Dominicana ha sido reconocida internacionalmente como una defensora de la naturaleza, ya que no hizo un Santuario para explotar para sí la pesca y riqueza de la zona, sino que lo hizo para proteger una especie en extinción, porque somos amantes de la naturaleza. En aquel entonces tampoco se pensaba en el valor turístico de la zona, sin embargo, embarcaciones procedentes de las islas Turcas y Caicos visitan el Santuario sin permiso. Entendemos que debería existir el pago de cierto impuesto para las embarcaciones que visiten la zona y el producto de estas recaudaciones podría utilizarse en los gastos para el cuidado y protección del área.